El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán tras cancelar de manera abrupta el contrato con Huawei para la renovación de la red de fibra óptica Red Iris, una infraestructura crítica para la defensa y la investigación en el país. Esta decisión, tomada a solo días de que Estados Unidos fijara un ultimátum para que Madrid rompiera sus lazos con la gigante tecnológica china, ha desatado una tormenta política.
El contrato, valorado en 12,3 millones de euros y adjudicado a Telefónica, contemplaba la instalación de equipos Huawei en una red que abarca más de 15,000 km. Desde 2020, Huawei ya formaba parte de esta infraestructura, pero la presión ejercida por la administración de Donald Trump ha llevado a Sánchez a dar marcha atrás. Washington advirtió que mantener a Huawei en una red tan sensible podría comprometer la cooperación en inteligencia entre ambos países, un mensaje que dejó claro que la seguridad de España estaba en juego.
La justificación del gobierno español, que habla de “autonomía tecnológica”, suena vacía ante la realidad de que la decisión fue impulsada por la presión internacional. La Comisión Europea también ha instado a los estados miembros a reducir el uso de Huawei, citando riesgos de ciberespionaje, mientras que el Parlamento Europeo ha prohibido la entrada de grupos de presión de la empresa en sus instalaciones tras escándalos de lobby.
Sánchez, humillado, ha tratado de enmarcar esta cancelación como un acto de soberanía, pero la verdad es innegable: España ha claudicado ante las órdenes de Trump, revelando su dependencia de las decisiones estratégicas de Washington. Este giro dramático pone de manifiesto la fragilidad de la política exterior española y la presión que enfrenta el gobierno ante la creciente tensión geopolítica entre Occidente y Pekín. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde llegará España en su alineación con Estados Unidos?
