¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha destrozado uno de los nombramientos más controvertidos del gobierno de Gustavo Petro: Armando Benedetti ha sido destituido como embajador ante la FAO. En un fallo explosivo de 87 páginas, se revelan irregularidades que sacuden los cimientos de la diplomacia colombiana. Benedetti, actual ministro del Interior, no cumplió con requisitos fundamentales, como el dominio de idiomas oficiales de la ONU, lo que plantea serias dudas sobre su idoneidad para el cargo.

La magistrada Claudia Elizabeth Lots Moreno ha declarado nulo el decreto 0108 del 6 de febrero de 2024, que lo nombraba embajador, tras una demanda presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y otros ciudadanos. Este fallo no solo pone en entredicho la transparencia del proceso de nombramiento, sino que también abre un debate crucial sobre los criterios de selección en la administración pública.

Benedetti, quien presentó su renuncia antes de que se conociera el veredicto, alegó motivos personales y de salud. Sin embargo, su rápida transición a un cargo como asesor político del presidente Petro y luego como ministro del Interior ha generado controversia. La conexión con su ex mano derecha, Laura Sarabia, y los escándalos relacionados con la campaña del pacto histórico han manchado su reputación, pero su influencia política parece intacta.

Este caso no es solo un golpe a Benedetti, sino una llamada de atención a la administración de Petro sobre la necesidad de cumplir con los estándares legales en la designación de funcionarios. La decisión del tribunal establece un precedente en la lucha por la transparencia y el rigor en la selección de embajadores, un tema que resonará en los círculos políticos y jurídicos del país.

Colombia observa atentamente cómo se desarrollará esta crisis que amenaza la credibilidad del gobierno y la confianza en sus instituciones. La pregunta en el aire es: ¿podrá Benedetti sobrevivir a esta tormenta política o su carrera se desvanecerá ante la presión pública y judicial? La respuesta podría cambiar el rumbo de la política colombiana.