¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El gobierno de Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer han desatado una tormenta de controversia tras una visita secreta a la cárcel de alta seguridad La Picota, en Bogotá. La inquietud creció cuando se supo que se suspendieron las visitas de abogados y familiares durante su llegada, lo que generó sospechas sobre la naturaleza de su encuentro con reclusos de alto perfil, incluidos narcotraficantes y paramilitares.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó la visita, pero lo que siguió fue un escándalo mayor: el periodista Javier Barragán, de la revista Semana, fue retenido y amenazado con perder su acreditación presidencial por intentar cubrir el ingreso de Alcocer. Este acto de intimidación ha encendido alarmas sobre la libertad de prensa en el país, en un contexto electoral ya tenso.
La exdirectora de Semana, Vicky Dávila, denunció el hecho en redes sociales, revelando que Alcocer se reunió con 58 internos, algunos con antecedentes criminales graves. La lista incluye a paramilitares desmovilizados, guerrilleros de las FARC y condenados por feminicidios y narcotráfico. La magnitud de la seguridad desplegada para esta visita ha sido calificada como excesiva y ha suscitado críticas de la oposición, que exige respuestas claras sobre los verdaderos motivos detrás de esta reunión.
La situación plantea serias preguntas sobre la transparencia del gobierno y el uso de instituciones estatales para fines políticos, justo en un año electoral decisivo. La falta de información clara alimenta la desconfianza ciudadana, y la reacción del gobierno ante estas inquietudes será crucial para evaluar su compromiso con la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
Colombia observa con atención mientras se despliega este escándalo. La libertad de prensa está en juego, y la sociedad exige respuestas. ¿Qué oculta realmente el gobierno en este episodio que ya se califica como un nuevo “pacto de La Picota”?
