La caída de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha desatado un escándalo que sacude las bases del poder en el sureste mexicano. Su nombre figura ahora en las listas de búsqueda internacional tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol, que lo busca por su presunta participación al frente de una red de protección criminal conocida como “La Barredora”. Este grupo, que ha operado en la impunidad durante más de una década, ha estado vinculado a un alarmante aumento de la violencia y el control territorial por parte del crimen organizado en la región.

Bermúdez, quien ocupó un cargo estratégico en la administración de Adán Augusto López, renunció en enero de 2024 en medio de una crisis de seguridad que incluyó motines en penales y ejecuciones masivas. Documentos filtrados sugieren que su renuncia fue el resultado de una presión social insostenible y de evidencias que apuntaban a su complicidad con el crimen organizado, donde se le identificaba como el “comandante H”, líder operativo de La Barredora.

Su fuga a Brasilia, justo antes de que las autoridades emitieran una orden de captura, ha encendido las alarmas sobre posibles complicidades dentro del gobierno. La Fiscalía General de la República ha solicitado su arresto, pero Bermúdez ya había abandonado el país, lo que ha llevado a la activación de mecanismos de cooperación internacional para su localización.

Mientras tanto, la ciudadanía en Tabasco experimenta un despertar cívico, con organizaciones y medios locales exigiendo una investigación exhaustiva no solo sobre Bermúdez, sino sobre toda la estructura que lo respaldaba. La preocupación por el daño institucional que su gestión dejó es palpable, con denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que siguen sin respuesta.

El silencio oficial ha sido ensordecedor, y la falta de explicaciones claras por parte del gobierno federal y estatal alimenta la percepción de complicidades más profundas. La figura de Bermúdez, ahora un símbolo de la infiltración del crimen en las instituciones públicas, plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos más sabían y decidieron callar? En un contexto donde la impunidad ha reinado, la exigencia de justicia se hace cada vez más fuerte.