Fernando Grande Marlaska, el actual ministro del Interior, ha intentado dimitir, pero Pedro Sánchez se lo ha prohibido, intensificando la crisis de su gobierno. Esta revelación, confirmada por “La Razón” y no desmentida por el ejecutivo, pone de manifiesto la creciente debilidad de la administración socialista. La decisión de Sánchez de retener a Marlaska en su puesto ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde miles de españoles exigen su renuncia bajo el lema “Todos ganamos y se va”.

El descontento es palpable. Desde hace años, el sindicato Hupol ha clamado por su salida, citando incumplimientos en promesas clave para la Policía Nacional, como la equiparación salarial y el reconocimiento de la profesión como de riesgo. La gestión de Marlaska se ha caracterizado por el silencio y una desconexión total con la realidad social, lo que ha llevado a que ni policías, ni jueces, ni sindicatos lo respalden. Su desaparición del escenario público solo añade leña al fuego de una situación que clama por un cambio.

La paradoja es evidente: un ministro que quiere irse, una sociedad que lo exige y un presidente que lo retiene por motivos puramente políticos. En un país serio, Marlaska ya habría hecho las maletas, pero en el gobierno de Sánchez, la incompetencia se traduce en blindajes políticos. La presión sobre el ejecutivo aumenta, y la pregunta que todos se hacen es: ¿hasta cuándo podrá Sánchez mantener a un ministro tan impopular en su gabinete?

La situación es crítica y la presión social sigue creciendo. La continuidad de Marlaska en el cargo parece insostenible, y la urgencia de una solución se siente en el aire. El futuro del gobierno de Sánchez podría depender de una decisión que parece inminente.